La elección presidencial de 2018, además de que se prevé muy competida, tendrá nuevas reglas de la competencia, entre otras particularidades, por primera vez serán reconocidos los derechos ciudadanos para participar en fórmulas individuales como candidatos independientes a la Presidencia de la República y también, probablemente, por primera vez sea acompañada por una consulta popular, en este caso relativa al modelo actual de seguridad pública.

Ayer la Comisión de Gobernación, presidida por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), avaló un dictamen que declara como asunto de trascendencia nacional, y por lo tanto procedente, la consulta popular relativa al modelo actual de seguridad pública, y cuenta con el respaldo de las bancadas del PRI y el PVEM y la propuesta la hacen porque consideran “que el diseño vigente de seguridad pública tiene problemas de fondo que impactan negativamente en la población, por lo que resulta necesario consultar a la ciudadanía, a fin de definir si desea un cambio en dicho modelo”.

La reacción no se hizo esperar y los opositores al planteamiento (PRD, MC y Morena, principalmente), calificaron la propuesta como inconstitucional e incluso hubo hasta quien dijo que se trataba de un planteamiento atroz por “imprudente, ilegal y obsceno”.

El debate ya inició y lo que los legisladores han dado largas en el trámite de las iniciativas de ley que proponen un mando policial con mando único o mixto, todo indica que, a menos que decidan abordar el tema antes de las elecciones de julio próximo, la pregunta podría acompañar a las boletas electorales en 2018.

Es una propuesta, aunque no hay que descartarla, porque el artículo 35 constitucional consagra el derecho de los ciudadanos mexicanos a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y convocadas a petición del Presidente de la República; de 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión; o por al menos dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y el resultado de este ejercicio tendría que ser acatado  cuando la participación alcance 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

La propuesta de pregunta -avalada por la Comisión de Gobernación- todavía tendrá que ser discutida y, en su caso, aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente tendría que pasar para el mismo trámite en el Senado de la República, bajo el argumento de que se trata de un asunto de trascendencia nacional. Y en este caso, para cada consulta popular, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar la constitucionalidad de la pregunta propuesta.

Cabe señalar que la Ley Federal de Consulta Popular excluye del ejercicio de consulta popular cualquier propuesta para restringir derechos humanos; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional, y la organización y disciplina de las Fuerzas Armadas, y esta figura de consulta popular está limitada a una cada tres años, en concurrencia con las elecciones federales organizadas por el INE.

En caso de que la consulta sea avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pregunta referida tendrá que ir acompañada por los recuadros "SÍ" y "NO" para ser marcados por los electores.

Así qué ya saben queridos lectores, ¿están ustedes de acuerdo en que se haga una consulta con tales características? Cualquiera que sea su respuesta no se angustie, como muchas otras cosas, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga la última palabra en este delicado tema.

UN DATO:

Cabe recordar que la consulta popular es una figura en el orden legal que fue aprobada con la Reforma Política de 2014.