El presidente Andrés Manuel López Obrador hace enormes esfuerzos por mostrar una administración con buenos resultados, y que el buen ánimo hacia su proyecto de gobierno parte de su gabinete. Como avanza el tiempo se desnudan realidades que muestran que la acción comunicativa del gobierno es fundamental para sostener de pie un proyecto que se basa en ocurrencias y en ideas que no presentan un buen augurio.

La renuncia de Víctor Manuel Toledo a la SEMARNAT evidenció nuevamente que en el gabinete presidencial no tienen cabida los funcionarios racionales y con cierto grado de autocrítica. El año pasado renunciaron Germán Martínez, director general del IMSS, y Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, en medio de señalamientos de control centralista por parte de funcionarios leales a López Obrador.

De hecho, el estilo de gobierno del tabasqueño privilegia la lealtad sobre la capacidad. Ésta última no parece preocuparle al mandatario, quien en público ha señalado que los nombramientos en su equipo de trabajo están basados 90% en la honestidad y 10% en la capacidad. Sin embargo, por sobre la honestidad López Obrador ha puesto a la lealtad. Ese sí es el gran requisito para contar con su confianza y asegurar la permanencia en el gabinete. Casos como el de Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval, Ana Gabriela Guevara y otros más en los que se ha evidenciado la falta de honestidad, así lo muestran.

En el gabinete, un grupo de leales al presidente forma su círculo más compacto y cercano. Quienes forman este grupo no se distinguen por su eficiencia, pero sí por su lealtad. Nadie puede cuestionar la lealtad de Alfonso Romo, Irma Eréndira Sandoval, Rocío Nahle, Manuel Bartlett, Marcelo Ebrard y Jesús Ramírez Cuevas. En el Poder Legislativo, López Obrador también cuenta con leales, que son todos aquellos que respetaron la decisión presidencial de acatar que el PRI presida la Cámara de Diputados, más los senadores que conforman la bancada morenista. Claudia Sheinbaum, Raquel Buenrostro, Rosario Piedra, Hugo López-Gatell y los gobernadores de Morena también han compactado el grupo cercano al presidente, férreo en su lealtad y en sus convicciones políticas afines al lopezobradorismo.

Sin embargo, el proyecto de López Obrador luce débil cuando la crítica viene desde adentro. “Algunos funcionarios de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia, que tiene el Seguro Social”, señaló en su carta de renuncia Germán Martínez.

Carlos Urzúa culpó a Alfonso Romo y fue el primero en señalar acciones de control que podrían tipificarse como conflicto de interés. “Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con conflicto de interés”, mencionó, en clara alusión a Alfonso Romo.

Otra funcionaria que renunció denunciando diferencias es Asa Cristina Laurell, exsubsecretaria de Salud. “La pretensión del secretario de Salud, Jorge Alcocer, apoyado por el titular del Insabi, Juan Ferrer, de desmontar la Subsecretaría de Integración del Sistema de Salud es una amenaza para el futuro”, dijo al anunciar su renuncia.

“Nuestra visión (de transformación) no está en el resto del gabinete, y me temo que tampoco en la cabeza del presidente”, expresó por su parte el exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo.

Otras renuncias en el gabinete, como la de la titular del CONAPRED, Mónica Maccise, fueron igual de conflictivas, y en ella incluso se acusó la intervención de la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müeller.

El gabinete no tiene armonía, y en él se refleja la lucha de poderes que también delató Víctor Manuel Toledo, un doctor en Ciencias por la UNAM que ha publicado más de 200 trabajos de investigación y divulgación, y que recibió en 1985 el premio al Mérito Ecológico por el Gobierno de México y el Premio Luis Elizondo del Tec de Monterrey, en el año 2000.

La propaganda y las acciones de comunicación del gobierno federal en los medios y en redes sociales trabajan a marchas forzadas para hacer pasar las profundas diferencias al interior del gabinete como parte de la libertad de que deben gozar los funcionarios librepensadores. El problema de fondo es un presidente que se asume como el tótem y eje rector de un gobierno que, paradójicamente, peca de centralismo y se asume como democrático y liberal.