Alejandro Gertz Manero es el primer titular de la Fiscalía General de la República como órgano autónomo del Estado Mexicano. Él ha decidido actuar plegado a los deseos e intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que le resta la autonomía a una Fiscalía que, en los hechos, opera como un apéndice de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La Fiscalía, al igual que el mandatario, escoge a sus rivales, a sus enemigos, a quienes debe perseguir y a quienes debe solapar.

La comisión de un delito federal no es suficiente para ser perseguido por la Fiscalía de Gertz Manero. Para ello también parece ser necesario que el presunto delincuente sea un adversario de Palacio Nacional. Si no lo es, entonces puede estar tranquilo porque no será investigado ni perseguido por la FGR. Pero si lo es, todo el aparato de la Fiscalía irá tras él.

Los objetivos de la Fiscalía General de la República han sido estratégicos, pero no han sido de amplio espectro. La FGR se ha enfocado en objetivos incómodos para Palacio Nacional, y no en aquellos que la sociedad exige sean investigados y procesados.

Para un gran sector de la sociedad, a la Fiscalía General de la República le ha faltado actuar contra personajes que han sido señalados como responsables de supuestos delitos del ámbito federal: Carlos Romero Deschamps, Manuel Bartlett Díaz, Carlos Lomelí, Napoleón Gómez Urrutia, Ana Gabriela Guevara, Pío López Obrador, David León, entre otros.

En cambio, la FGR sí ha decidido investigar, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, a actores, actrices e influencers que se manifestaron el día de la elección a favor del Partido Verde. No es que no deba investigarles, sino que las investigaciones deben ser amplias e incluir a los responsables directos que pidieron a estos personajes promocionar al Partido Verde. Evidentemente, a todos estos personajes públicos se les pagó o se les ofreció un pago, que con toda seguridad salió del presupuesto del Partido Verde.

Los actores, actrices e influencers, junto con el PVEM, aprovecharon una grieta en la ley electoral sobre la promoción en redes sociales y medios electrónicos, pero a final de cuentas cometieron un delito electoral que sí debe ser sancionado.

En este caso, debe investigarse de dónde salió el dinero -aunque es de suponerse que el origen está en el presupuesto del Partido Verde-, y quien ordenó esa “estrategia” publicitaria.

Como en otros casos, la resolución terminará siendo política y no jurídica, y dependerá de la evolución que siga el caso.

Para una sociedad a la que se le ofreció un combate frontal a la corrupción, que la Fiscalía actuara contra personajes que hoy parecen estar protegidos por el manto de la impunidad de la 4T sería un gran avance en el cumplimiento de la propia promesa.

Que la actuación de la Fiscalía General de la República deje de ser selectiva y que incluya a personajes afines a la 4T de quienes se sospechan actos ilícitos sería dar un gran paso y hablaría mucho de la independencia o autonomía de la FGR. Una Fiscalía que sólo atiende los intereses de Palacio Nacional no sólo no es autónoma, sino que es un órgano apéndice del Ejecutivo.

La autonomía no es algo bien visto en Palacio Nacional, y quizás eso es lo que impide que la Fiscalía se suelte la correa. Mientras la FGR siga atada a Palacio Nacional, la persecución de los delitos federales seguirá siendo selectiva.