En los momentos de mayor tensión política es cuando más se necesita altura de miras. La capacidad de gobernar con prudencia, de medir las palabras y de entender que desde la máxima tribuna del país cada declaración tiene consecuencias políticas, económicas, jurídicas e incluso diplomáticas.

México vive precisamente uno de esos momentos.

Mientras el país concentra la atención internacional por la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, la agenda pública continúa marcada por los desafíos de seguridad, las tensiones sociales, la compleja relación con Estados Unidos y los cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno para garantizar gobernabilidad en diversas regiones del territorio nacional.

Sin embargo, en lugar de enviar señales de serenidad institucional, la discusión política ha tomado un rumbo preocupante.

La reciente acusación de la presidenta Claudia Sheinbaum –sin pruebas- contra el empresario Ricardo Salinas Pliego constituye un ejemplo de ello. Durante sus declaraciones públicas, la mandataria aseveró que el empresario estaría detrás de expresiones que buscan alentar la confrontación social y llegó a vincularlo indirectamente con movilizaciones impulsadas por grupos tan distintos como la CNTE y los estudiantes de Ayotzinapa, bajo el argumento de que "los extremos se juntan".

Se trata de una acusación de enorme gravedad.

No porque exista evidencia pública concluyente que la sustente, sino precisamente porque no fue acompañada de pruebas verificables que permitan sostener una imputación de tal magnitud.

Cuando una acusación de esa naturaleza proviene de un dirigente partidista, ya genera polémica. Pero cuando es de la titular del Poder Ejecutivo Federal adquiere una dimensión completamente distinta. La palabra presidencial tiene peso institucional y en tiempos de la 4T, tiene implicaciones jurídicas, por lo mismo, exige responsabilidad y compromiso con la verdad.

Si el gobierno cuenta con información de inteligencia que demuestre la existencia de una operación organizada para promover actos de violencia o desestabilización, corresponde presentar las pruebas y proceder conforme a la ley.

Si no existen tales elementos, entonces las declaraciones terminan alimentando la polarización y trasladando al terreno de las especulaciones asuntos que deberían abordarse con rigor institucional.

Lo preocupante es el mensaje que se envía.

Porque si el gobierno realmente desconoce quiénes están detrás de las movilizaciones, los bloqueos y las protestas que han afectado durante semanas a la Ciudad de México y otras regiones del país, ello revelaría fallas importantes en los sistemas de inteligencia del Estado.

El hecho es que han fallado todo el entramado de inteligencia que tiene el ejército, la marina, el Centro Nacional de Inteligencia y demás cuerpos de espionaje y monitoreo que tiene el gobierno, es alarmante, por decir lo menos.

Pero si lo sabe y posee pruebas, entonces resulta indispensable transparentarlas y actuar en consecuencia.

No hay mucho espacio para posiciones intermedias.

La acusación presidencial adquiere una relevancia adicional porque ocurre justamente cuando México busca proyectar una imagen de estabilidad ante millones de personas que han puesto sus ojos en la Copa del Mundo.

Los turistas, periodistas y visitantes no sólo observan los estadios y las ceremonias. También siguen la conversación política nacional. Escuchan las declaraciones oficiales, miran los conflictos sociales y evalúan la capacidad de las instituciones para responder a los desafíos del momento.

Por ello resulta especialmente delicado que desde el poder se lancen acusaciones de alto impacto sin que éstas vayan acompañadas de elementos verificables.

La fortaleza de un gobierno no se mide por la contundencia de sus señalamientos, sino por la solidez de las pruebas que respaldan sus afirmaciones.

México necesita dejar atrás los enconos alentados desde Palacio Nacional.

Necesita instituciones capaces de investigar, esclarecer y sancionar cuando corresponda. Necesita autoridades que privilegien la evidencia sobre la sospecha y que comprendan que la estabilidad política depende, en buena medida, de la confianza pública.

La altura de miras requiere actuar con responsabilidad incluso frente a los adversarios más incómodos. Implica entender que la crítica no puede responderse con imputaciones que no han sido demostradas. Implica reconocer que el Estado de derecho exige pruebas antes que consignas.

En momentos complejos, los gobiernos suelen enfrentar la tentación de buscar culpables para explicar conflictos de gobernabilidad. Es una estrategia conocida en muchas latitudes y en distintos momentos históricos.

Pero los problemas de gobernabilidad rara vez se resuelven señalando enemigos.

Se resuelven gobernando.

La ciudadanía espera de sus autoridades no la profundización de las disputas políticas, sino liderazgo, serenidad y capacidad para enfrentar los desafíos nacionales con responsabilidad institucional.

Eso, precisamente, es tener altura de miras.