Con su declinación, se cierra la posibilidad de que se siga lucrando mediáticamente por el tema del despido del Santiago Nieto al frente de la FEPADE, esto en contra de las más puras y negras intenciones de los grupos de oposición, de algunos medios de comunicación y muchos lectores de noticias venidos a comentaristas de opinión filiados con posiciones políticas soterradas o en muchos caso y de manera legítima manifiestas, pero principalmente para los que en este caso tiene la facultad y mandato legal para solventar el proceso y para dictar el trámite.

Primero sobre la comunicación para su conocimiento por parte del encargado del despacho de la Procuraduría, parte del ejecutivo federal, sobre la remoción del titular de la FEPADE, autoridad que tiene la facultad de remover libremente al funcionario en cuestión por la aplicación de moción de censura o pérdida de confianza, situación suficiente para destituirlo y notificar al Senado de la República para su trámite subsecuente, es decir para acusar de recibo e iniciar el proceso para la designación de un nuevo titular para la dependencia o como se intentó veto para revisar de la remoción. 

Con este trámite, se puso en el centro del debate la falsa disyuntiva de la autonomía versus equilibrio entre poderes, en donde cada una de los poderes del estado mexicano, en este caso, los equilibrios entre el legislativo y el ejecutivo en ambos casos federal, tienen responsabilidad y por lo mismo facultades dentro de este proceso, en donde el SENADO tiene la facultad de nombrar al nuevo Fiscal por el procedimiento que se ha establecido, también el del futuro fiscal y del zar anti corrupción, trámites que se encuentran atorados por cálculos políticos.

Destacar que cuando este procedimiento concluye, sale de la esfera del legislativo y entra en la esfera de responsabilidad de los funcionarios públicos federales y por supuesto que se tiene que apegar a la normatividad aplicable.

En este sentido, todos los actores deben de asumir su responsabilidad en cada uno de las fases del proceso y en plena autonomía el ejecutivo federal actuar con responsabilidad en sus obligaciones y ejercer, bajos los principios establecidos de ética y de apego a la ley, plenamente sus atribuciones.

En este sentido, siempre he estado convencido que las autonomías puras o ciudadanas no son el camino visible para lograr que el sistema funcione de manera adecuada y es el equilibrio pleno entre poderes lo que nos permite procesar adecuadamente, bajo el principio de corrección constitucional, todos los aspectos de nuestra convivencia nacional y con el ejercicio plano de estas atribuciones constitucionales, lograr una revisión entre poderes muy crítica como hasta ahora ha sucedido y buscar con ello un mecanismo de mejora continua para nuestras instituciones.

El hacer creer que lo importante son las personas es muy insidioso e irreal, lo importante son las instituciones, los equilibrios entre los poderes y los mecanismos de corrección constitucional entre ellos: el Ejecutivo, legislativo y judicial.

Sin duda, reconocer que estos mecanismos son perfectibles y que todavía reflejan preponderancia actualmente del partido en el poder, en donde la esfera legislativa refleja un predominio en ambas cámaras, 205 diputados de 500 y 56 senadores de 129 totales, situación que en transición a la normalidad democrática se ve como una dificultad, pero que ha permitido la sobre representación de las minorías y una dificultad deseable de los trámites entre los poderes del Estado Mexicano.

Sin embargo, hacer creer que esto es limitativo o que se requieren autonomías puras e ideales es hacerle al mago o al ingenuo, se requieren instituciones que ejercen sus atribuciones constitucionales plenamente.

En materia electoral, recordar que el proceso electoral lo debe de hacer y lo hace la sociedad y que bajos este principio, reconocer que la suma de voluntades de la sociedad organizada para asumir su responsabilidad como funcionario de casilla, ir a la capacitación, instalar oportunamente las casillas, verificar y facilitar a los ciudadanos para que ejerzan su derecho y obligación a votar, cerrar la casilla, y contar y reflejar en boca de casilla lo que fue el resultado, ante representantes de los partidos políticos y de observadores ciudadanos organizados alrededor de estos procedimientos, debe de ser más que suficiente para poder contar con certeza de los resultados  por casilla.

Las sumas de estos resultados son verificables en lo individual y por lo mismo en la suma total por cada una de los distritos y del total, “de qué nos estamos quejando”.

La desconfianza en el proceso ciudadano sobre las elecciones para el 2018 nos va a costar 25 mil millones de pesos, y solamente para satisfacer la ambición desmedida de un actor político en los últimos 20 años, del tal AMLO, y que por mandar al diablo a los ciudadanos que organizan, llevan y operan las elecciones y a las instituciones, nos han costado muchísimo dinero y tener que contar con una fiscalía especializada para supervisar lo que no les embona a los actores políticos de los que hacemos todos los ciudadanos para elegir a nuestras instituciones, los que se debería ir al diablo son los MALOs perdedores y hasta la FEPADE.

Por instituciones ciudadanas, confiables y políticos que acepten los resultados emanados de las urnas y contados por los ciudadanos y observados por representantes de los partidos políticos, valdría la pena preguntarnos:

¿Cuánto nos ha costado y cuánto nos va a seguir costando la desconfianza del tal “AMLO”?