Las elecciones intermedias del 3 de noviembre modificaron radicalmente el equilibrio del poder político en Estados Unidos. Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, mientras los republicanos sufrieron derrotas en territorios que durante décadas parecían inexpugnables. Texas constituye el ejemplo más contundente de ese vuelco electoral.

El presidente Donald Trump enfrentará ahora los dos últimos años de su mandato con un Congreso controlado por sus adversarios políticos, circunstancia que representa un cambio sustancial respecto de las condiciones con las que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

El voto estadounidense estuvo marcado por el descontento con el costo de vida, la guerra con Irán, las políticas migratorias y el estilo de conducción presidencial. Las elecciones también reflejaron la capacidad de los demócratas para recuperar posiciones en estados tradicionalmente republicanos.

En Texas, Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, mientras James Talarico venció a Ken Paxton en la elección senatorial. Dos resultados históricos que muestran la magnitud de los cambios registrados en el electorado de aquella entidad.

También destaca Kansas, donde los demócratas consiguieron elegir a un senador por primera vez desde la década de 1930.

La dimensión de estas victorias no puede reducirse a un simple cambio de mayorías parlamentarias. El resultado abre una etapa de gobierno dividido que obligará a la Casa Blanca a negociar buena parte de su agenda legislativa y permitirá al Congreso ejercer facultades de fiscalización sobre la administración republicana.

Y en ese nuevo escenario aparece un asunto particularmente significativo: las aspiraciones de Trump de permanecer en el poder después de 2029.

La vigesimosegunda enmienda constitucional establece que ninguna persona puede ser elegida presidente de Estados Unidos más de dos veces. Para modificar esa disposición sería necesario cumplir el exigente procedimiento de reforma constitucional, que incluye la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso o la convocatoria de una convención mediante las legislaturas estatales, además de la ratificación de tres cuartas partes de los estados.

Con un Congreso de mayoría demócrata, una eventual reforma destinada a permitir un tercer mandato presidencial encontraría un obstáculo político adicional. Aunque esa posibilidad ya estaba constitucionalmente restringida, la nueva correlación de fuerzas hace todavía más difícil cualquier intento de modificar las reglas.

Pero el asunto verdaderamente trascendente es el regreso de los contrapesos.

El Congreso estadounidense tendrá ahora mayores posibilidades de investigar decisiones presidenciales, revisar el gasto público, cuestionar nombramientos y condicionar iniciativas legislativas. El Senado podrá ejercer sus facultades sobre determinadas designaciones y ambas cámaras participarán en las negociaciones presupuestales.

Eso no significa que Trump haya perdido todas sus facultades.

El presidente conserva importantes atribuciones ejecutivas en política exterior, seguridad nacional, migración y comercio. Tampoco existe garantía de que una mayoría opositora produzca automáticamente estabilidad internacional; puede generar acuerdos, pero también bloqueos institucionales.

Sin embargo, la concentración política que caracterizó la primera mitad de su segundo mandato encontrará límites legislativos mucho más visibles.

Claudia Sheinbaum tendrá que prepararse para una relación bilateral distinta, aunque no necesariamente menos complicada.

Trump conserva instrumentos para presionar comercialmente a México y continuar su política de exigencias en materia migratoria, combate al narcotráfico, seguridad fronteriza y revisión del T-MEC.

El Congreso demócrata podría introducir nuevas condiciones en algunas de esas decisiones, exigir explicaciones sobre determinadas medidas y ejercer supervisión sobre la política exterior estadounidense. Pero sería equivocado suponer que los legisladores demócratas necesariamente adoptarán posiciones favorables a México en todos los asuntos.

La defensa de los intereses estadounidenses trasciende las diferencias partidistas.

Por eso la presidenta mexicana deberá mantener una estrategia diplomática que contemple tanto a la Casa Blanca como a las nuevas mayorías del Capitolio.

Y aquí surge una comparación inevitable con nuestro país.

Mientras Estados Unidos entra en una etapa de gobierno dividido, México conserva una mayoría legislativa integrada por Morena y sus aliados, encabezada políticamente por Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados e Higinio Martínez en el Senado.

Esa mayoría ha permitido a Claudia Sheinbaum impulsar reformas constitucionales y legales sin depender de los votos de la oposición, siempre que mantenga la cohesión de sus aliados.

El contraste merece una reflexión profunda.

La lección institucional de las elecciones estadounidenses es que los ciudadanos pueden modificar la correlación de fuerzas entre poderes mediante el voto, sin necesidad de alterar el orden constitucional.